La Ley de IA de la UE da su primer gran paso: desde hoy, los chatbots deben avisar de que son máquinas
Este domingo 2 de agosto de 2026 marca un antes y un después en la regulación de la inteligencia artificial: entran en vigor las primeras obligaciones de transparencia del Reglamento europeo de IA (AI Act), la primera norma integral sobre esta tecnología en todo el mundo. Desde hoy, los chatbots y asistentes virtuales deberán informar a los usuarios de que están conversando con una máquina, y los contenidos generados o manipulados por IA —incluidos los deepfakes— tendrán que poder identificarse como tales. Bruselas asume además, por primera vez, competencias directas de supervisión y sanción sobre los grandes modelos de propósito general, como los que hay detrás de ChatGPT o Gemini.
Qué cambia exactamente desde el 2 de agosto
La norma, aprobada en 2024, se despliega de forma escalonada y esta fase activa el artículo 50, dedicado a la transparencia. Las obligaciones se aplican a cualquier sistema de IA que se utilice en cuatro situaciones concretas, y no solo a los considerados de alto riesgo:
1. Interacción directa con personas
Quienes diseñan chatbots, asistentes virtuales o sistemas telefónicos automatizados deben garantizar que el usuario sepa en todo momento que está hablando con una IA. Los agentes de IA entran también en el ámbito de esta obligación: si el proveedor no puede predecir si el agente interactuará con un humano, este deberá estar diseñado para revelar su naturaleza en todas esas situaciones.
2. Contenido sintético
Los sistemas generativos de texto, imagen, audio o vídeo deberán etiquetar sus resultados en un formato legible por máquina, de modo que pueda detectarse que han sido creados o manipulados artificialmente. La Comisión Europea está elaborando una etiqueta normalizada de la UE para este marcado.
3. Reconocimiento de emociones y clasificación biométrica
Quienes desplieguen este tipo de sistemas deberán informar a las personas afectadas de que están siendo analizadas.
4. Deepfakes y textos de interés público
Los responsables que generen deepfakes deben indicar que el contenido ha sido manipulado, y quienes publiquen textos generados por IA sobre asuntos de interés general —política, sanidad, economía, seguridad pública— deberán revelarlo. Existe una excepción clave: si el texto ha sido revisado por humanos y una persona o entidad asume la responsabilidad editorial, no hace falta el aviso. Eso sí, la Comisión aclara que una revisión meramente formal, como corregir la ortografía, no cuenta como control editorial.
Quién vigila y cuánto cuesta incumplir
La gran novedad institucional es que la Oficina Europea de IA asume desde hoy la supervisión de los modelos de propósito general: podrá requerir información a sus proveedores, acceder a los sistemas para evaluarlos, ordenar medidas correctoras e incluso restringir su disponibilidad si detecta incumplimientos. La vigilancia se comparte con las autoridades nacionales, que controlarán el resto de herramientas desplegadas en cada Estado miembro, mientras el Supervisor Europeo de Protección de Datos hará lo propio con las instituciones de la UE.
Como apoyo, Bruselas ha constituido un panel científico de 60 expertos independientes, ha nombrado un asesor científico jefe y ha habilitado canales de denuncia para ciudadanos y empresas. Las sanciones por incumplir las obligaciones de transparencia pueden alcanzar los 15 millones de euros o el 3 % de la facturación anual mundial de la empresa infractora, aplicándose la cifra más alta; las autoridades deberán tener en cuenta la proporcionalidad en el caso de pymes.
Un calendario que continúa
El despliegue de la ley sigue su curso. El 2 de diciembre de 2026 terminará el periodo transitorio para los sistemas de IA generativa ya comercializados antes de hoy —el paquete «AI Omnibus», acordado en mayo, les concede hasta esa fecha para adaptar el marcado legible por máquina— y entrarán en vigor nuevas prohibiciones, como las que afectan a sistemas capaces de generar contenido sexual explícito sin consentimiento. En diciembre de 2027 llegarán las normas para la IA de alto riesgo en sanidad, educación o empleo, y en agosto de 2028, las de los sistemas integrados en productos regulados, como dispositivos médicos o vehículos.
Mientras tanto, el sector ya se está posicionando: 25 empresas, entre ellas Google, Microsoft, Amazon, IBM y OpenAI, se han adherido voluntariamente al código de buenas prácticas impulsado por la Comisión, mientras que Meta y las grandes compañías chinas han decidido no sumarse. La UE apuesta por un modelo en el que la confianza sea el requisito previo para la adopción de la IA; a partir de hoy, esa confianza tiene nombre y apellidos: transparencia.
