La Comisión Europea ha impuesto a AliExpress una multa récord de 550 millones de euros por incumplir sus obligaciones en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Es la mayor sanción aplicada desde la entrada en vigor de esta normativa, y llega tras meses de investigaciones que revelaron que la plataforma china no estaba evaluando ni mitigando adecuadamente los riesgos asociados a la venta de productos ilegales, inseguros o falsificados en su marketplace europeo.
¿Qué ha hecho AliExpress?
La investigación de Bruselas destapó que AliExpress no había implementado los sistemas de control exigidos por la DSA para identificar y retirar productos peligrosos de su catálogo. Durante las inspecciones se encontraron juguetes inseguros, cosméticos con sustancias prohibidas, ropa falsificada de marcas reconocidas y dispositivos electrónicos sin certificación CE, todo ello disponible para su compra por consumidores europeos.
Según la Comisión, AliExpress «no evaluó adecuadamente los riesgos sistémicos de su plataforma ni implementó medidas de mitigación efectivas», tal como exige el artículo 34 de la DSA. La plataforma conocía la presencia de estos productos pero no actuó con la diligencia necesaria para retirarlos.
La Ley de Servicios Digitales: por qué esta multa es histórica
La Digital Services Act (DSA), en vigor desde febrero de 2024 para las plataformas de gran tamaño (Very Large Online Platforms o VLOP), establece obligaciones reforzadas de transparencia, moderación de contenidos y protección del consumidor. AliExpress fue designada como VLOP en abril de 2023, lo que le obliga a:
- Evaluar anualmente los riesgos sistémicos de su plataforma
- Implementar medidas para mitigar la venta de productos ilegales
- Facilitar mecanismos de notificación y recurso para los usuarios
- Someterse a auditorías externas independientes
Los 550 millones de euros —equivalente al 6% de la facturación anual de AliExpress en la UE— marcan un precedente que afecta a todas las grandes plataformas de comercio electrónico que operan en Europa, desde Amazon hasta Temu.
Reacciones y próximos pasos
AliExpress ha anunciado que recurrirá la sanción ante el Tribunal General de la Unión Europea, argumentando que la Comisión no ha tenido en cuenta las medidas correctivas que la plataforma ya había implementado durante el periodo de investigación. La compañía sostiene que ha invertido más de 200 millones de euros en sistemas de verificación y control desde 2024.
Sin embargo, fuentes de la Comisión han señalado que «el mero gasto no equivale a cumplimiento normativo», y que las pruebas recabadas demuestran que los productos peligrosos seguían llegando a los consumidores europeos incluso después de las supuestas mejoras.
La multa a AliExpress no es un caso aislado. Bruselas tiene abiertas investigaciones similares contra Temu, Shein y Amazon por presuntas infracciones de la DSA en relación con productos falsificados y no seguros. Se espera que antes de finales de 2026 se conozcan las primeras resoluciones de estos expedientes.
¿Qué significa para los consumidores españoles?
Para los millones de usuarios españoles de AliExpress, la multa tiene implicaciones directas. La Comisión ha ordenado a la plataforma:
- Reforzar los sistemas de verificación de productos antes de su publicación
- Implementar un sistema de alertas tempranas para productos retirados del mercado
- Mejorar los canales de reclamación y devolución para productos defectuosos
- Designar un responsable de cumplimiento normativo con sede en la UE
Además, los consumidores que hayan adquirido productos potencialmente peligrosos en AliExpress podrían tener derecho a reclamaciones colectivas amparadas por la DSA, un mecanismo de tutela que la directiva reforzó significativamente.
El precedente que cambiará el comercio electrónico
Esta multa de 550 millones no es solo una sanción económica: es una declaración de principios. La UE demuestra que la DSA no es un brindis al sol, sino un marco regulatorio con dientes. Las plataformas que operan en el mercado europeo, independientemente de dónde tengan su sede, deben asumir la responsabilidad de lo que se vende a través de sus servicios.
El mensaje de Bruselas es claro: en la Unión Europea, la seguridad de los consumidores está por encima de los intereses comerciales de las grandes tecnológicas. Y quien no lo entienda, pagará.
